SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
En primer lugar, es preciso expresar nuestra identificación y compromiso con el proceso bolivariano que excede la adscripción a un gobierno específico y que es parte de la lucha que desde hace muchos años viene librando el pueblo venezolano por recuperar y defender su soberanía, ampliar el ejercicio de la democracia y los derechos humanos a las mayorías y desarrollar una auténtica voluntad de construir una integración solidaria entre pueblos hermanos. Este proyecto se condensó en la Constitución Bolivariana de Venezuela que rige la vida de los venezolanos y venezolanas desde 1999.
Sin embargo, diversos factores conspiran contra la concreción de este proyecto; a nivel externo es obvio el interés por desestabilizar al régimen hoy encabezado por Maduro, pero sobre todo por acabar con las conquistas sociales y la soberanía alcanzada durante todo este tiempo. El claro boicot económico, el financiamiento por parte de poderes imperiales a un sector de la oposición cada vez más violenta, apuntan a resolver las diferencias políticas y de proyectos a través de una guerra civil en una estrategia insurreccional y golpista. A eso se suma la campaña mediática por mostrar un país sumido en la crisis humanitaria, cosa que dista bastante de la realidad.
No obstante, debe decirse que la pésima política económica y la exacerbación de la dependencia de la exportación del petróleo, cuyo precio descendió de modo importante en los últimos años incrementando con ello las dificultades económicas, han generado malestar en la población y un repunte de las posiciones adversas al proceso. Abonan también a este malestar la persistencia de la corrupción en el Estado y sus funcionarios además de la criminalidad. Peor aún, el gobierno apunta a profundizar un modelo extractivista, tal como lo atestigua lo que ocurre en el llamado Arco minero del Orinoco, zona que viene siendo militarizada y puesta a disposición de empresas mixtas compuestas por militares y corporaciones transnacionales, vulnerando derechos de la población.
Es en este escenario la polarización es la salida a la que se ha apelado, y en ésta los sectores más duros son los que ganan protagonismo desdibujando al propio proceso y generando condiciones para hacer cada vez más inviable una salida dialogada y democrática. La salida insurreccional que ha ganado peso en la derecha, y la fuga hacia adelante que supone una Asamblea Constituyente desde el gobierno, siguen llevando a Venezuela a un escenario de confrontación y de vulneración de los derechos humanos: no sólo a través de la represión gubernamental, sino también desde el ataque y asesinato a ciudadanos y ciudadanas que apoyan al gobierno o se identifican como chavistas.
Este fin de semana, la elección de representantes a la Asamblea Nacional Constituyente demostró que continúa existiendo un importante sector del país que sigue apostando por el proceso de cambio y que la derecha golpista pretende desconocer atribuyéndose la representación de todo el pueblo. Sin embargo, es también evidente que muchos venezolanos y venezolanas también son adversos al proceso de cambio, o que existen sectores del llamado chavismo crítico que consideran que es necesario retomar las bases que dieron origen al proceso bolivariano y son bastante adversos al gobierno.
Frente a ello consideramos que la única salida posible es volver al diálogo y convocar a elecciones generales en las que sea el soberano el que exprese su voluntad en el marco de la Constitución Bolivariana de Venezuela. No existe otra manera de dirimir las diferencias de manera democrática. Varios gobiernos entre ellos el peruano, y los medios de comunicación adictos a los grupos de poder en países con gobiernos neoliberales, en vez de contribuir a retomar el camino del diálogo prefieren exacerbar el conflicto y hacer eco de la derecha golpista y violentista. Debe exigirse por ello al gobierno del Perú que ayude a la resolución pacífica y democrática de la crisis política que hoy agobia al hermano pueblo venezolano y abandone posturas intervencionistas.
Somos conscientes que en las izquierdas no hemos logrado construir un consenso sobre el tema y el Movimiento Nuevo Perú no es la excepción. Más allá de la propia crisis que atraviesa la democracia a nivel global debido a la captura de los Estados por poderes corporativos o ilegales, al creciente distanciamiento entre ciudadanos y representantes y la pérdida de peso de la política frente a la tecnocracia neoliberal, como izquierdas debemos definir claramente nuestro compromiso con la democracia como ejercicio de autodeterminación y soberanía del pueblo y su derecho a elegir su destino. Este debe ser un elemento central de nuestro posicionamiento.
