ESPINAR: LA AGENDA AMBIENTAL SIGUE SIENDO LA MISMA
Corría noviembre del 2010, cuando el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente Para la Salud (CENSOPAS), realizó un estudio de presencia de metales en las personas que habitan el área de influencia del proyecto minero Tintaya, hoy Antapacay cuyo titular en ese entonces era Xstrata Tintaya, hoy Glencore – Xstrata. La evaluación fue realizada en 506 personas y el resultado fue contundente: todas registraban presencia de metales en la sangre como arsénico, cadmio, mercurio y plomo.
Estos estudios fueron un secreto celosamente guardado hasta enero de 2011, cuando el Alcalde de la provincia de Espinar, Óscar Mollohuanca, solicitó al CLASy al Centro Hospitalario de Espinar, así como a la Dirección Regional de Salud de Cusco, que entregaran aquellos resultados, sin obtener respuesta alguna. Ante ello, decidió recurrir al despacho de la entonces Congresista Verónika Mendoza quien ofició directamente al entonces Ministro de Salud, Alberto Tejada, quien finalmente le alcanzó el informe. La Congresista lo envió inmediatamente a Espinar donde la noticia cundió a través de los medios de comunicación locales cuyos titulares pueden resumirse así: “Contaminación comprobada en Espinar”. En efecto ese informe oficial, terminaba confirmando la denuncia que en septiembre de 2011 habían hecho la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani y la ambientalista ucraniana Eike Humpel sobre la presencia de metales en la sangre de las personas.
Para entonces ya era febrero de 2012 y la difusión del informe coincidía con el registro de mortandad de animales y el nacimiento de vacunos y ovinos con malformaciones, así como con la aparición de filtraciones de agua en las casas de las personas que vivían alrededor de las relaveras. Al difundir el informe, el alcalde Mollohuanca había entregado a las organizaciones sociales, un instrumento con el cual podían exigir a la empresa minera y al Estado peruano la solución al grave problema de contaminación que ponía en riesgo su salud. Fue sobre esa base que la Municipalidad Provincial de Espinar y el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) buscaron infructuosamente el diálogo con la empresa y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sin éxito.
Lo que sigue es historia conocida, la tensión política y social en Espinar fue en aumento hasta que el 21 de mayo estalló un conflicto que se prolongó por más de diez días, dejando el saldo de tres muertos, decenas de heridos y más de veinte detenidos. Entre los detenidos se contaban Herber Huamán Llave y Sergio Huamaní Hilario, entonces Presidente y Vicepresidente del FUDIE respectivamente; y el Alcalde Oscar Mollohuanca a quien detuvieron en el mismo municipio de Espinar de donde fue llevado a la comisaría que funciona dentro del campamento minero de Xstrata Tintaya, de ahí a Seguridad del Estado en Cusco para terminar en el Establecimiento Penal de Cachiche en Ica donde se desarrollaría un proceso penal que hasta hoy continúa.
Si bien el hecho ocurría en el ámbito de una provincia de la región Cusco, sus efectos fueron nacionales, pues provocó la primera crisis en el gobierno de Humala que terminó con la renuncia del Primer Ministro Óscar Valdés Dacuart y con la renuncia de Verónika Mendozay posteriormente de Javier Diez Canseco a la bancada nacionalista. Y en medio de la crisis correspondía directamente el Presidente de la República atender la situación de conflciot y así tuvo que hacerlo. Liberados Huamán, Huamaní y Mollohuanca gracias a una creciente opinión pública nacional, el gobierno instaló una Mesa de Diálogo en junio de 2012 que tuvo entre sus grupos de trabajo principales al eje medio ambiental.
Ya en las conversaciones de la Mesa de Diálogo, el Ministerio del Medio Ambiente y el de Energía y Minas, admitieron que había un problema medio ambiental, pero intentaro
n minimizarlo así como hicieron todo lo necesario para no responsabilizar a la empresa minera. Hoy han pasado cinco años de aquellos hechos y no obstante haber conclusiones técnicas que recomiendan una intervención integral del Estado para atender la problemática ambiental, el gobierno central no ha implementado una sola medida concreta.
Hoy debemos resaltar también que, paralelo a aquel proceso de diálogo, inició un proceso penal contra los dos dirigentes y el Alcalde Mollohuanca. Dicho juicio se desarrolla, no en Espinar donde está el Juez natural, sino en Ica, imputándose a los encausados los delitos de disturbios, bloqueo de carreteras y entorpecimiento de los servicios públicos. Durante las próximas semanas debe leerse sentencia contra el alcalde y los dirigentes, siendo muy grande el riesgo de que sean condenados a prisión efectiva y al pago de una reparación civil, lo cual terminaría dejando un halo de dolor e injusticia en Espinar.
No está lejano el 2012 en que ocurrieron estos enfrentamientos, la gente en Espinar recuerda vívidamente la violencia y prepotencia con que fue reprimida, distingue claramente el juego en pared entre el gobierno y la empresa minera, sabe que la agenda ambiental de aquel año sigue siendo la misma en el 2017y, sobre todo, está consciente de sus derechos y seguirá levantado su voz ante las injusticias.
